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Las historias sobre Ciencia y el medio ambiente, tienen un impacto directo sobre la vida de las personas. Escribir con claridad sobre la complejidad de estos temas, es seducir a todos los públicos sin perder un ápice de rigor periodístico. Tras un tiempo de sequía periodística, vuelvo retomar el blog, con la frecuencia de antaño. Sin embargo, en la vida surgen sorpresas y oportunidades en lo profesional que te hacen cambiar de rumbo.

viernes, 14 de noviembre de 2008

PAISES CENTRO AMERICANOS Y REPUBLICA DOMINICANA CONSUMEN MAIZ TRANSGENICO NO APROBADO PARA CONSUMO HUMANO


INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS DEMUESTRARON QUE EN UN 80% LAS MUESTRAS EN GRANOS Y CEREALES EN LOS PAISES DE CENTRO AMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA ESTABAN CONTAMINADAS CON TRANSGENICOS, SE IDENTIFICO EL GEN Mon GA21 (variedad de maíz transgénico producido por la transnacional Monsanto y no aprobado por la Unión Europea para el consumo humano) ADJUNTAMOS LA INVESTIGACIÓN PARA QUE USTEDES JUZGUEN.

ANNA BERMEO T.

En Costa Rica, un 48% de las muestras analizadas dieron positivo. Maíz amarillo comprado en el mercado central de San José es transgénico. En Guatemala se corroboró que poblaciones vulnerables están siendo alimentadas por el PMA con alimentos transgénicos no autorizados para el consumo humano

Un monitoreo realizado por la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad y confirmado por el prestigioso laboratorio estadounidense "Genetic ID" demostró que un 80% de las muestras en granos y cereales recolectadas en cinco países de Centroamérica y República Dominicana estaban contaminadas con transgénicos.

Si usted fuera a una tienda y viera un anuncio de galletas que dice "no hay pruebas de que sean malas para la salud", ¿Las compraría? La reconocida investigadora uruguaya Silvia Ribeiro afirma que "ella no" y "creo que nadie más lo haría".

Pues, precisamente, eso es lo que ocurre con los alimentos transgénicos, los cuales provienen de seres vivos modificados en laboratorios, cuyos efectos sobre la salud y el ambiente están en la mesa de discusión y existen contrastadas discusiones al respecto.

El monitoreo demostró que millones de centroamericanos están consumiendo, y posiblemente cultivando, transgénicos sin saberlo y lo más grave es que los gobiernos muestran gran indiferencia hacia el tema y hacen caso omiso del principio de precaución, estipulado en el convenio de Biodiversidad Biológica. "En los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se indica que del total de las muestras analizadas, el 80% son positivas, confirmándose la presencia de Organismos Modificados Genéticamente (OGMs) en maíz, soya y cereales en la región centroamericana y República Dominicana", aseguró un documento dado a conocer hoy miércoles 16 de febrero de forma simultánea en todos los países involucrados.

En el total de muestras de maíz positivas, se identificó la presencia de un 87% del gen Maíz Mon GA21 (variedad de maíz transgénico producido por la transnacional Monsanto y no aprobado por la Unión Europea para el consumo humano) y un 13% correspondiente a otros tipos de genes. Otro aspecto del análisis indica que el 68% de las muestras positivas provienen de introducción por la vía de importaciones o comercialización en puestos de venta al público. El otro 32% proviene de introducción de maíz por la vía de ayuda alimentaria, mayoritariamente distribuida por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas.

Uno de los hallazgos alarmantes lo constituye la identificación del MAÍZ STARLINK, no autorizado para el consumo humano en el mundo entero, destinado como ayuda alimentaria para niños y niñas guatemaltecas en localidades colindantes con la frontera hondureña (ver documentos adjuntos). Es importante indicar que esta variedad fue producida por la multinacional biotecnológica Aventis y fue prohibida en septiembre del 2000 por la FDA de Estados Unidos convirtiéndose en la primera variedad no autorizada para consumo humano en el mundo.


Las demandas

Tras realizar el monitoreo, la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad demanda que:

1. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (PMA):
a) Junto con los Gobiernos de Centroamérica y el Caribe retire de inmediato la Ayuda Alimentaria que contenga el maíz Starlink.
b) No introduzca ni distribuya semillas, granos y cereales con cualquier tipo de OGM en sus proyectos.
c) En sus planes de ayuda alimentaria priorice la adquisición y distribución de semillas locales dirigido a los sectores vulnerables..

2. Los Gobiernos de la región con base en el Principio de Precaución (del Convenio sobre la Diversidad Biológica) decreten una moratoria de OGM, considerando que la coexistencia de los cultivos transgénicos con la agricultura en general es imposible técnica, cultural y políticamente.

3. Los Gobiernos de Honduras, Guatemala, Costa Rica, y República Dominicana ratifiquen de inmediato el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología.

4. Se incluya e implemente el componente de bioseguridad como prioridad en los programas de gobiernos y se impulsen iniciativas de leyes nacionales de Bioseguridad, con énfasis en el Principio de Precaución.

5. Las Instancias regionales del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en especial la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), incluyan a los organismos de sociedad civil con criterio de equidad en las discusiones alrededor de los marcos jurídicos de bioseguridad regionales.

¿Y Costa Rica?

En el caso específico de Costa Rica, en el monitoreo participaron varias organizaciones como la Asociación de Ecología Social (AESO), COECOCEIBA Amigos de la Tierra, Frente Ecologista Universitario, Sol de Vida, Red de Coordinación en Biodiversidad, Defensoría de los Habitantes y el Departamento de Cuarentena Vegetal de Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los resultados del proceso de investigación y análisis realizado en Costa Rica evidencian que las importaciones de granos que ingresan por los muelles de Caldera y Mohín son utilizadas por numerosas industrias que elaboran alimentos para humanos y/o para animales. Lo anterior significa que diariamente miles de costarricenses están consumiendo alimentos contaminados con transgénicos sin saberlo y sin derecho a escoger como consumidores si desean hacerlo.

Ante la evidencia expuesta y la incapacidad del Estado en resguardar la bioseguridad nacional exigimos:

-El establecimiento "urgente" de una legislación estricta que impida la entrada de granos transgénicos en forma de moratoria, considerando que éstos podrían ser sembrados por agricultores, lo cual daría inicio a un proceso de contaminación genética incontrolada sobre las semillas nativas del país.

-La ratificación del Protocolo de Cartagena, como un primer paso para resguardar la bioseguridad nacional. Dicho protocolo -acordado en enero de 2000 y vigente desde setiembre del 2003- establece un sistema reglamentario para la transferencia, manejo y utilización "segura" de Organismos Genéticamente Modificados (OGMs) sujetos a movimientos transfronterizos, reconociendo que éstos son diferentes a los organismos naturales.

-El establecimiento de un sistema de etiquetado a los alimentos de origen transgénico como una primera medida de emergencia que facilitaría el proceso de información a los consumidores. El etiquetado permite la autogestión del "principio de precaución" por parte de los consumidores. Sin embargo, el etiquetado no debe ser un objetivo final, ya que éste es una forma de legalizar la contaminación transgénica en la alimentación y de burlar el principio precautorio.

-El desarrollo de programas de investigación y enseñanza en las diversas instituciones nacionales, como son las universidades, en aras de ampliar los conocimientos acerca de los riesgos e impactos de los transgénicos sobre la salud y el ambiente.

-Asimismo, hacemos un llamado a la sociedad civil en general, y a los campesinos e indígenas en particular, para que se comprometan a:

-Resguardar y rescatar la agrodiversidad nativa de la región fortaleciendo la soberanía alimentaria de sus comunidades.

-Establecer marcos comunitarios de bioseguridad declarando áreas y territorios libres de granos, semillas y cultivos producto de la ingeniería genética.

-Rechazar enérgicamente los alimentos transgénicos o con presencia de OGMs.

-Establecer mecanismos de educación, resistencia y construcción de alternativas frente a los transgénicos.

¿Cómo se hizo el monitoreo?

Mediante el proceso de monitoreo se obtuvieron muestras en todos los países, de las cuales se seleccionó para análisis de laboratorio un 65% de muestras representativas en ayuda alimentaria, importaciones, productos comerciales de consumo y semillas.

Durante el proceso de análisis, se implementó tecnología de campo de acuerdo a los estándares establecidos por el Servicio Federal de Inspección de Granos (Federal Grain Inspection Service - FGIS) de Estados Unidos. Se realizaron análisis cuantitativos y cualitativos en el laboratorio "Genetic ID" de Estados Unidos, reconocido por la Administración de los Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y acreditado a nivel internacional por ISO/IEC 17025.

En cada país se realizó un análisis preliminar en un laboratorio local. En el caso de Costa Rica, se realizó en el laboratorio 117 de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Cabe destacar que Centroamérica y el Caribe poseen una gran riqueza en biodiversidad. Los países centroamericanos son centro de origen y diversidad biológica de muchos cultivos como maíz, frijol, tomate y chile, entre otros.

Existe gran cantidad de especies nativas silvestres y domesticadas parientes de variedades cultivadas, pero sin ninguna regulación apropiada y adecuada en bioseguridad, por lo cual la región es altamente vulnerable a la contaminación transgénica.

Preocupados por los riesgos de los OGMs en la región, en un encuentro celebrado en diciembre del 2003 en Managua (Nicaragua), organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la soberanía alimentaria así como con la protección de la diversidad biológica y cultural, resolvieron constituir la Alianza Centroamericana de Protección a la Biodiversidad.

En esta Alianza participan organizaciones de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica en coordinación con República Dominicana. En el 2004, la Alianza realizó un proceso de monitoreo en la región (Centroamérica y el Caribe). El monitoreo se hizo en sitios en donde se entrega ayuda alimentaria y se han introducido comercialmente granos, semillas y productos elaborados de maíz y soya (Ver detalle para Costa Rica en documentos adjuntos).

"Por un mundo socialmente justo y ambientalmente sano"

MEXICO APROBO LA LEY DE BIOSEGURIDAD -TRANSGENICOS


No necesitamos esperar mucho, para saber que la Ley de Transgénicos será aprobada en el país; dejandonos completamente desprotegidos a todos los peruanos, que la consumimos sin saber que OGM se encuentran en el pan, leche, (derivados) maiz, etcetera Pero el Gobierno Peruano tiene la responsabilidad de protegernos como los hacen los gobiernos de EEUU, México,y el Europeo. ES UNA OBLIGACION CONTEMPLAR LA LEY DE BIOSEGURIDAD DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS , una ley que reuna con amplitud todo lo relativo al uso de esta biotecnología en agricultura e introduce previsiones para evitar que derive en la creación de armas biológicas.

Adjuntamos un reporte sobre la Ley mexicana de Bioseguridad, para que sirva de modelo a nuestros legisladores,sobre todo para no dejen vacios legales en estos temas como en los referidos al Medio Ambiente.

Una flamante norma mexicana de bioseguridad puede servir como modelo para América Latina. Ecologistas y científicos discrepan sobre las bondades de esta legislación.

MÉXICO.Si alguien manipula o comercia transgénicos sin permiso o los usa para fabricar armas, será multado hasta con 127 mil 600 dólares, estipula una flamante ley de bioseguridad aprobada en México, que podría marcar rumbos en toda América Latina, para irritación de grupos ambientalistas.

México tomó la delantera al aprobar a mediados de mes la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, la primera que reúne con amplitud todo lo relativo al uso de esta biotecnología en agricultura e introduce previsiones para evitar que derive en la creación de armas biológicas.

Más de 22,6 millones de hectáreas de América Latina ya están cubiertas con cultivos transgénicos, una superficie que abarca porciones de ocho de los países de mayor biodiversidad del mundo (Brasil, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Costa Rica). Pero las normas en la materia son desiguales y están dispersas.

"Es una lástima que se haya aprobado la ley mexicana, pues ahora nuestros países la querrán tomar como ejemplo, cuando se trata de una ley terrible, pues se alinea con los intereses de las transnacionales”, dijo a Tierramérica la directora del programa de biotecnología de la no gubernamental Unidad Ecológica de El Salvador, Morena Murillo.

En ese país centroamericano se discute desde el año pasado una normativa general sobre bioseguridad, como sucede también en Brasil, Guatemala y Paraguay.

Debates mundiales en curso y acuerdos internacionales como el Protocolo de Cartagena apuntan a regular el uso de los transgénicos, pues se teme que esos organismos impacten de forma negativa en la salud y el medio ambiente.

Las semillas transgénicas fueron desarrolladas en los años 80 con el fin de mejorar diversas características de las plantas, entre otras, su resistencia a plagas y a factores climáticos, su carga vitamínica y su aspecto y color.

La técnica consiste en la introducción de genes de otras especies, vegetales o animales, mediante vectores que suelen ser virus o bacterias.

La ciencia no tiene aún respuestas concluyentes sobre la inocuidad o peligrosidad de los transgénicos para el ambiente y la salud humana.

Pero un caso documentado es el de maíz contaminado en Estados Unidos con un pariente transgénico, llamado Starlink, que tuvo que ser retirado del mercado en el año 2000 tras registrarse casos de alergia en consumidores.

Los científicos mexicanos Bolívar Zapata, premio Príncipe de Asturias en Ciencia y Tecnología, y Luis Herrera, uno de los padres de la biotecnología, sostienen que la ley dictada en su país se adapta a la realidad que impone la existencia de los transgénicos.

"Ojalá que su contenido guíe a otros países"

La ley mexicana puede ser de gran ayuda para quienes estén interesados en desarrollar sus propias legislaciones”, dijo Herrera, quien junto a otros investigadores creó en 1983 la primera planta transgénica en la Universidad de Gante, Bélgica.

Pese a la expectativa de los científicos, en la mayoría de países de América Latina la aprobación de la ley mexicana pasó casi desapercibida.

En la región hay diversas legislaciones que en general establecen comisiones especiales para estudiar el impacto de la liberación de transgénicos, poner límites a su cultivo y sancionar a quienes provoquen daños. Para los ecologistas, la mayoría de esas leyes fue superada por la realidad y debe actualizarse.

En Argentina, estos cultivos son regulados por una ley "de semillas" de 1973 a la que se han agregado numerosos decretos reglamentarios. Este país tiene la mayor superficie sembrada con transgénicos de América, detrás de Estados Unidos.

En Brasil, tercero en producción de estos vegetales en el continente, la ley de bioseguridad de 1995 fue quedando en el olvido debido a la siembra ilegal, pero tolerada, de soja transgénica, y de un agitado debate público en torno a una nueva norma.

El proyecto sobre bioseguridad que se discute actualmente en el parlamento “difícilmente se aprobará, pues contraviene la Constitución y no obliga a realizar estudios de impacto ambiental”, dijo Paulo Pacini, abogado del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor, grupo que ha llevado a los tribunales su protesta por la siembra de soja modificada.

En Chile sólo se autoriza el ingreso de semillas transgénicas para su multiplicación y posterior exportación, y rige un decreto gubernamental sobre la materia de 1993.

El gobierno chileno prometió dos años atrás que presentaría un proyecto sobre bioseguridad, pero ante un clima político poco favorable, terminó archivando su iniciativa. En Chile la superficie sembrada con transgénicos no supera las ocho mil hectáreas.

“Chile no cuenta con la capacidad instalada para controlar y fiscalizar la liberación indiscriminada de transgénicos”, Juan Carlos Cuchacovich, coordinador de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace Chile.

La situación en Perú no parece muy diferente.

En ese país está vigente desde 1999 la Ley de Prevención de Riesgos Derivados del Uso de la Biotecnología, pero según una evaluación de expertos en el marco de un proyecto de Naciones Unidas, la norma tiene varias deficiencias y no se ha puesto en práctica en su totalidad.

Los científicos y ambientalistas consultados opinan que debería considerarse con atención la norma mexicana para replicarla o no repetirla.

Quienes se oponen a los transgénicos, sostienen que legislación, aprobada en medio de protestas, debería llamarse "ley Monsanto", en alusión a la corporación transnacional que lidera la producción mundial de semillas transgénicas y, que ejerció presión por su aprobación junto a otras compañías.

En 124 artículos, 33 páginas y decenas de agregados, el texto establece el impulso a la investigación biotecnológica y crea mecanismos de vigilancia para el ingreso de productos, entre ellos el etiquetado obligatorio de semillas.

La normativa establece la intención de enfrentar los potenciales impactos ambientales negativos de los organismos genéticamente modificados, pero también aprovechar sus presuntas ventajas.

Se crea un esquema de autorización para el ingreso de transgénicos "caso por caso" y "paso por paso" en el que participarán varios ministerios, asesorados por un comité especial de científicos, los que a su vez podrán pedir opiniones de la sociedad civil.

Alejandro Calvillo, director de Greenpeace México, dijo que la ley tiene aspectos positivos, pero también vacíos y errores, pues se hizo a espaldas de la sociedad civil.

Más que velar por la bioseguridad, la ley apuesta por desarrollar la biotecnología, y no contiene un marco adecuado para que las comunidades sean informadas dónde se liberarán transgénicos ni les da un espacio para actuar contra esos proyectos, afirma Greenpeace.

Además, la ley crea un fondo para el desarrollo de la biotecnología, pero no otro para paliar los daños que la liberación de transgénicos pueda provocar, añade la organización.

A juicio del científico Zapata, el rechazo a los transgénicos obedece a la ignorancia y el miedo a lo nuevo.

Herrera y Zapata afirman que en los años en que los transgénicos se han cultivado y consumido en el mundo no ha surgido ninguna evidencia de que puedan provocar problemas al medio ambiente o a la salud. Es una tecnología que llegó para quedarse, vaticinaron.

Por Diego Cevallos

martes, 11 de noviembre de 2008

CARTA ABIERTA A CONGRESISTAS DE LA REPUBLICA


EN BASE A LAS FUNDAMENTACIONES CIENTIFICAS, ANTECEDENTES DE CAUSA, MANUALES ADJUNTOS A NUESTRAS PUBLICACIONES; Y ANTE EL RECHAZO DE PAISES INDUSTRIALIZADOS; SOLICITAMOS AL GOBIERNO PERUANO NO SE VULNEREN LOS DERECHOS A GOZAR DE BUENA SALUD RECHAZAMOS LOS ALIMENTOS TRANSGÈNICOS.

www.ecoportal.net/content/view/full/52280

Carta abierta contra la promoción de Transgénicos en el Perú (Ley 12033)
Por RAE Perú *


La Red de Agricultura Ecológica del Perú se dirige a los Congresistas de la Republica, al Consejo Nacional del Medio Ambiente, a los miembros del Acuerdo Nacional y a la ciudadanía, para expresar públicamente su desacuerdo con la iniciativa legislativa de ‘Fomento y promoción de la Biotecnología Moderna en el Perú’.

CARTA ABIERTA A:

. Congresistas de la Republica
. Congresista Cruz Gerardo Saavedra, Presidente de la Comisión Agraria. Congresista Mercedes Cabanillas, Presidenta de Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Patrimonio Cultural
. Congresista Walter Alejos Calderón, Presidente de la Comisión de Pueblos Andino, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología
. Congresista Yonhy Lescano Ancieta, Presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos
. Congresista Doris Sánchez, impulsora de la iniciativa legislativa del Proyecto 12033
. Ingeniero Carlos Loret de Mola de Lavalle, Presidente CONAM
. Doctor Max Hernández, Presidente del Acuerdo Nacional
. Ciudadanos y ciudadanas


La Red de Agricultura Ecológica del Perú se dirige a los Congresistas de la Republica, al Consejo Nacional del Medio Ambiente, a los miembros del Acuerdo Nacional y a la ciudadanía, para expresar públicamente su desacuerdo con la iniciativa legislativa promovida por la Congresista Doris Sánchez, el Proyecto de Ley N° 12033 de ‘Fomento y promoción de la Biotecnología Moderna en el Perú’, por incentivar los cultivos Transgénicos, actualmente prohibidos en el país.

La Red de Agricultura Ecológica del Perú-RAE Perú es una asociación civil sin fines de lucro, inscrita desde abril de 1995 en Registros Públicos, en la ficha 17491 asiento 1, del libro de Asociaciones. La RAE Perú reúne a 15 organizaciones y reconocidos profesionales de las ciencias agroecológicas, con una intensa labor de alcance nacional: CICAP y CES Solidaridad (Lambayeque), ASPADERUC (Cajamarca), Centro IDEAS (con sedes en Lima, Piura y Cajamarca), IDMA (con sedes en Lima, Huanuco y Apurimac), CIED (con sedes en Lima, Junín, Arequipa y Puno), CEAR y SEPAR (Junín y Huancavelica), CEDAP y REIHS (Ayacucho), AEDES y El Taller (Arequipa), IEPLAM e IMAGEN (Cusco), FUSEVI (Ucayali).

Es nuestro deber, como agrupación cuya misión es promover sociedades con cultura agroecológica, alertar sobre las graves consecuencias de dicho proyecto para la agrobiodiversidad del país, para los agricultores de menos recursos, para la salud y nutrición de la población en general, debido a la inexorabilidad de la contaminación transgénica extendida.

Como ha sido ampliamente fundamentado en pronunciamientos emitidos por instituciones del movimiento agroecológico, el Proyecto de Ley 12033 al promover el uso de semillas transgénicas desconoce los acuerdos subscritos por el país en materia de cuidado ambiental y bioseguridad, atentando contra los derechos de las comunidades andinas y amazónicas a proteger su material genético, poniendo en riesgo la base productiva y el acceso a mercados de miles de medianos y pequeños productores y vulnerando los derechos de productores orgánicos y consumidores.

La Red de Agricultura Ecológica, agrega a lo ya expuesto, el hecho que el Proyecto de Ley 12033 es incompatible en lo económico, social, ambiental y cultural con las políticas de Estado subscritas por el Acuerdo Nacional, fundamentalmente las referidas a Seguridad Alimentaria y nutrición, Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental, Afirmación de la Identidad Nacional, y de Comercio Exterior para la Ampliación de Mercados con Reciprocidad, motivo por el cual es deber de los partidos políticos, organismos del ejecutivo e instituciones de la sociedad civil signatarias de dicho acuerdo, intervenir para evitar que el Proyecto de Ley sea aprobado con el texto actual tal como se propone.

En lo económico el Proyecto de Ley 12033 refuerza la dependencia tecnológica y pone en riesgo que los “…acuerdos comerciales orientados a incrementar y diversificar mercados para productos y servicios nacionales con valor agregado; y promover la organización de pequeños productores en consorcios de exportación; y un sistema integral de información comercial” (Vigésima Segunda Política de Estado: Política de Comercio Exterior para la Ampliación de Mercados con Reciprocidad) debido a que las actividades económicas de pequeños productores incentivados a utilizar Transgénicos como de aquellos que verán contaminados sus campos por efectos de la polinización, no logren los beneficios económicos que se les promete, pues es conocido que los consumidores de países desarrollados, conscientes de sus derechos, evitan consumir productos obtenidos con Transgénicos; siendo esa una tendencia creciente en el mundo.

La producción de Transgénicos es además una expresión de los intereses de las compañías multinacionales para controlar el mercado de insumos agrícolas y de la producción de alimentos en los países en desarrollo, lo que atenta contra las políticas de seguridad alimentaria del Acuerdo Nacional.

En lo social, existen en el país innumerables esfuerzos e iniciativas orientadas a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de familias y comunidades que diversifican la dieta campesina, cuidan la agrobiodiversidad y revalorizan los cultivos andinos y amazónicos con potencial comercial y de mercado, incrementando el empleo agrícola. En esta tarea las instituciones publicas y privadas, las organizaciones de desarrollo y las organizaciones de productores han logrado importantes avances que podrían perderse si el mencionado proyecto de ley de biotecnología moderna se aprueba, pues se contrapone con lo señalado respecto a que: “…se tomaran medidas contra las amenazas como la erosión de la diversidad biológica, y la preservación de los germoplasmas” (Décima Quinta Política de Estado en Seguridad Alimentaria y nutrición /Acuerdo Nacional).

En lo ambiental, nuestro país cuenta con legislación y reglamentación ambiental que favorece la biodiversidad (Convenio sobre la Diversidad biológica, Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad) y acuerdos que proponen institucionalizar la gestión ambiental, publica y privada, para proteger la diversidad biológica, facilitar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, asegurar la protección ambiental (Décimo Novena Política de Estado: “Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental”). De igual manera, el país cuenta con el Reglamento Técnico para los Productos orgánicos cuyos capítulos VI, X y XI expresamente prohíben el uso de semillas transgénicas cuyo empleo pone en peligro la biodiversidad, especialmente en países de origen de cultivos alimentarios como el Perú, centro de origen de numerosas especies, como la papa y muchos otros productos alimenticios.

En lo cultural, desde lo local y mirando a lo global, diversas iniciativas de cuidado y defensa del patrimonio e identidad cultural han surgido en el país convirtiéndose en fortalezas para la agricultura, la agricultura orgánica, el ecoturismo, el turismo vivencial; todo lo cual se pondría en riesgo, al igual que el acuerdo de “…consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro” (Tercera Política de Estado Afirmación de la Identidad Nacional) de aprobarse la mencionada ley.

Por lo expuesto, y con respaldo en la Vigésimo Novena Política de Estado de Acceso a la información, Libertad de expresión y Libertad de Prensa, de “…asegurar el derecho ciudadano a una información veraz, objetiva y de calidad….”

Proponemos que:

1. El Proyecto Ley N° 12033 sea rechazado.


2. Se promueva una nueva iniciativa legislativa a favor de la investigación biotecnológica NO transgénica en agricultura, con respaldo en la normatividad nacional e internacional y el derecho a “.fortalecer la capacidad del país para generar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos, desarrollar los recursos humanos y mejorar la gestión de los recursos naturales y la competitividad de las empresas, incrementando las actividades de investigación y evaluación de resultados, asignando recursos financieros así como a procurar la formación de recursos humanos altamente calificados en los sectores productivos mas promisorios para la economía nacional; desarrollando programas nacionales y regionales de impacto productivo social y ambiental; promoviendo la creatividad, el método experimental, el razonamiento critico y lógico así como el afecto por la naturaleza y la sociedad. (Vigésima Política de Estado Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología).

Finalmente, nos reservamos el derecho a realizar campañas y acciones que impidan la promulgación de la Ley 12033 y, de insistirse en atentar contra los intereses del Perú y de sus pobladores, iniciar las acciones legales correspondientes. www.ecoportal.net

PERU LIBRE DE TRANSGENICOS
para defender nuestra mega biodiversidad
para mantener nuestra agricultura ecológica
para salvaguardar nuestro medio ambiente
por la salud de nuestras familias y la vigencia de nuestras culturas

Antonieta Manrique
Presidenta
DNI 07850142


Silvia Wu Guin
Directora Ejecutiva
DNI 10471693

Red de Agricultura Ecológica del Perú – RAE Perú
Promovemos sociedades con cultura agroecológica