El Defensor del Pueblo, previa coordinación con la comunidad de Tumbes- Zorritos, debe emitir un informe en el que pida una investigación en profundidad de la actuación por parte de las autoridades pertinentes, así como a la empresa responsable “BPZ Energy”; de la catástrofe ecológica, tras la explosión del BAP Supe , apoyados en el informe respetable de “Universidad Nacional de Tumbes” que, según los informes sobre la contaminación por vertido arrojan uno de los más duros elaborados por la institución.
Estos resultados son una crítica a la improvisación y la falta de transparencia en las actuaciones de las autoridades, al señalar que el” daño ecológico era insignificante” durante la crisis de la explosión del BAP supe.
Sustentado ante la falta de respuestas, de parte de INRENA, y de la famosa Comisión encargada del diseño del Ministerio del Ambiente, de las ONGs (salvo excepciones), periodistas, biólogos, ingenieros ambientales, quienes podrían explayar sus conocimientos adquiridos en sus instituciones; lo que demuestra, es que a nadie le importa el medio ambiente, que estas instituciones y profesionales, no son transparentes. Como aquellas ONGs, y que buscan verdaderamente otros fines, para justificar su existencia con páginas web, sobre la preocupación por el deterioro del medio ambiente. Preocupación que debe ser expresada con actos, compromisos, con acciones, planes de contingencia, entre otras acciones.
Ante la falta de respuestas, mientras esperamos las consecuencias del vertido, y que la contaminación se siga expandiendo; la naturaleza demuestra con evidencia, el principio de la verdadera catástrofe ecológica que recién empieza a evidenciarse.
Algunos comentarios y precisiones:
1-La Investigación por parte las autoridades sobre la explosión del BAP Supe se atascan por la espera de pruebas.
2-La Universidad Nacional de Tumbes debe ser considerada como Institución en el Comité Multisectorial constituido para este fin; a sabiendas que cuenta con especialistas en medio ambiente
3- No dejaron a los pobladores tomar muestras del vertido en el mar; aunque el Alcalde, digno de respetó tomo una muestra.
4- Responsabilidad social por los muertos y heridos.
5- Desastre de plan de contención
6- Preocupación por el nivel de contaminación del petróleo determinado por la única Institución seria, que es la Universidad.
7- Instrucción del caso BAP Supe, se atasca por la espera del análisis del contenido del Petróleo por parte de las autoridades y de los responsables.
Texto, que debe ser emitido por los medios, e incluido las direcciones electrónicas. Ya que es innegable la necesidad de una investigación integral sobre la reacción administrativa a la catástrofe ecológica. El Congreso de la República es una de las instituciones “más apropiadas” para efectuar dicha investigación, de la que “pudieran derivarse responsabilidades de distinto orden”.
En torno a la difusión de la información oficial sobre la catástrofe, incidir en que los medios de comunicación han dado información defectuosa, y otros olvidaron simplemente el hecho.
El Defensor del Pueblo debe dar muestra de la política informativa defectuosa e incluso partidista al considerar “innegable que el peligro fue minimizado en un principio e incluso se consideró conjurado poco antes de que la marea negra fuese una realidad. La dirección y coordinación de la reacción administrativa por parte del estado ante la catástrofe ha sido improvisada al menos en parte.
La queja de la información recibida de parte de las administraciones es calificada como “asimétrica” y “desequilibrada” “La información por parte del estado, carece de un documento de síntesis, que se espera de la Vicepresidencia del Gobierno como órgano coordinador. Esta es una forma de proceder impropia y poco aceptable, dada la gravedad de los hechos y la responsabilidad administrativa concernida.
Ante esta situación, tras el análisis de la información recibida desde la desde la administración central, podemos percibir la idea de una pobre, poca y nula previsión sobre la organización administrativa ante este tipo de situaciones catastróficas. Por ello, sería bueno revisar el programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, “CONVENIO MARPOL, de la que el Perú es miembro; para prevenir la contaminación, con el control de buques y vertidos. Instrumento jurídico Internacional, así como la “revisión y actualización” del Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.
Es necesario la elaboración de un informe de evaluación de daños y perjuicios y de determinación de responsabilidades patrimoniales (civil y administrativa) y disciplinaria. Y por último, no dejar que las recomendaciones queden archivadas y pasen al olvido. Es responsabilidad de todos, legar a nuestros hijos un mundo mejor, apoyar ésta causa, como cualquier otra que contamine nuestro hábitat, es obligación de todos. Hagamos una cadena de contención, Tumbes nos necesita.
ANNA BERMEO TURCHI
REGISTRO 3504
PUBLICADO EN:gua30.org,indimedia
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